“¿Qué está pasando con este gobierno?, pareciera estar allanando el camino para llegar a un punto en el que pueda desaparecer, juzgar e imponer penas de muerte, a placer”.
Se pregunta y comenta Yésica Sánchez Maya, abogada feminista, directora adjunta de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca).
La activista se refiere al dictamen y reforma a la ley a votarse antes de que termine el actual periodo de sesiones en el Congreso Federal que le daría constitucionalmente al presidente de la Republica Enrique Peña Nieto la potestad de despojar de sus garantías individuales a cualquier ciudadano integrante o no de una protesta social, de acuerdo a su criterio e interés político y personal.
Sánchez Maya asegura que el aberrante propósito del ejecutivo con esta nueva ley es el de promover e imponer “un estado de excepción” en todo el territorio mexicano.
“Como mexicano e habitante de este país, ¿con que seguridad podrás caminar en la calle si te pueden desaparecer por ley?”.
Yésica afirma en entrevista telefónica que de aprobarse esta nueva regla, con las y los diputados federales de casi todos los partidos políticos en el camino para hacerlo, la sociedad mexicana “entrara entonces en un estado de indefensión”.
“Los resultados de esto van a venir para todas y todos los que habitamos este país, sin excepción”.
Sánchez Maya comenta que esto es el punto más alto (hasta ahora) de un gobierno mexicano que parece haber declarado ya una guerra a los organismos defensores de derechos humanos apalancados en “el doble discurso”.
“Los golpeteos legales y políticos contra Emilio Álvarez de Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la serie de ataques indiscriminados contra periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, son prueba de ello”
“Lo que este gobierno autoritario busca con este estado de excepción es el apagar la luz y que no se vuelva a saber nada”.
La activista asegura que la administración de Enrique Peña Nieto demuestra con este accionar “que nunca ha estado listo ni para la concertación, ni para el dialogo”.
Afirma que el propósito presidencial parece ser ahora “el anular cada uno de los derechos humanos. Con policías y militares, mexicanos o extranjeros, siendo autorizados legalmente para salir a la calle y cometer aberraciones”.
“Esto ya es una sintomatología de un gobierno que busca ya imponer un terrorismo de estado y que no entiende que son los derechos humanos”.
“Les da lo mismo, y ya no solo al gobierno, sino también al Congreso, donde las y los diputados han dejado de ser los representantes del pueblo. Quienes secundan las reformas autoritarias del ejecutivo. Reformando lo que no hay que reformar y dejando que se pudra lo que si hay que reformar”.
Maya observa que hoy a las y los legisladores federales, “quienes nunca han llamado a cuentas a funcionarios corruptos”, los mueve “la ignorancia, los intereses políticos y personales”.
Dejando al país, de aprobar este dictamen, “en un estado de indefensión, con una gran variedad de medidas persecutorias al alcance del gobierno”.
El camino contra el autoritarismo plenipotenciario para Yésica Sánchez Maya, quien alguna vez contó con una orden de aprehensión por su activismo social en el 2006, es ahora y por lo pronto, “el llamar al gobierno y a los políticos mexicanos a entregar cuentas a organismo internacionales”.
“Si el gobierno quiere continuar con esta ofensiva contra sus ciudadanos, entonces debe empezar a revocar su firma de todo compromiso y tratado internacional que ha firmado a favor del respeto a los derechos humanos. A ver, que lo haga”.
Por: Rodrigo Islas Brito