Contexto Oaxaca

Oaxaca es el quinto estado más grande a nivel nacional con una extensión territorial de 95,364 kilómetros cuadrados, el 90% del suelo es accidentado pues confluyen en el los conjuntos montañosos de la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre de Chiapas y la Sierra Atravesada. Esto ocasiona que la dispersión poblacional sea alta y se localicen en el estado más de diez mil localidades. De acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2010 la población total de la entidad oaxaqueña es de 3,801,962 habitantes, de los cuales 47.8% son hombres y 52.2% son mujeres. Oaxaca es un estado predominantemente rural, con un 60.5% de la población viviendo en zonas rurales.

 

Políticamente el Estado está conformado por 570 municipios, 30 distritos y 8 regiones, a saber, Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapam, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. De estos municipios 152 eligen a sus autoridades por partidos políticos y 418 de acuerdo a sus sistemas normativos internos, llamado Usos y Costumbres, siendo la única entidad de la República que reconoce dos sistemas de elección desde la reforma electoral de 1995 y 1997.

 

De acuerdo al Censo 2010, el 33.9% de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena: amuzgos, chatinos, chinantecos, chontales, cuicatecos, huaves, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, popolucas, triquis, zapotecos, zoques, ixcatecos y chochos; estos dos últimos ya con muy pocos hablantes. El 90% de los indígenas se dedican a actividades primarias, agrícolas y ganaderas. Debido a la relación histórica y simbólica de los pueblos indígenas con la tierra, la mayoría de las unidades de producción rural en Oaxaca son colectivas: a) el 44.1% de la tierra cultivada se encuentra bajo el régimen comunal, b) el 27.4% se encuentra bajo el sistema ejidal y c) tan sólo un 28.5% de la tierra queda en manos privadas.

 

Oaxaca está considerado junto con Chiapas y Guerrero uno de los estados más pobres del país. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 38.1% de la población del estado se encuentra en pobreza alimentaria, el 46.9% en pobreza de capacidades y el 68% en pobreza de patrimonio. La pobreza alcanza a poco más de las dos terceras partes de la población del estado, en sus diferentes intensidades. Esta misma situación ha generado una alta desigualdad social, Oaxaca es el tercer estado con mayor índice de desigualdad, después de Querétaro y Chiapas. Un 29.5% de los municipios de Oaxaca son considerados de alta marginación y un 46.5% de muy alta marginación. Las regiones más afectadas son la Mixteca, la Sierra Sur, la Cañada y la Costa.

Oaxaca es una de las entidades con mayores rezagos educativos. La escolaridad promedio en 2010 fue de 6.9 grados según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática INEGI, por debajo del promedio nacional, que en el mismo ciclo alcanzo los 8.6 años. En cuanto a la población mayor de 15 años y más, el 21.5% no sabe leer ni escribir, mientras el promedio nacional es de 12.4%; en tanto el 45.53% de la población mayor de 15 años no concluyó la primaria.

El estado presenta el mayor índice de muerte materna en el país, con una razón de 103.16 en 2008 y que supera en un 36.7% a la media nacional. Los municipios indígenas tienen la taza más elevado de muerte materna, con un índice hasta casi tres veces más alto que en municipios no indígenas.

El 76.9% de la población es de alta prioridad nutricional y sólo el 10% de la población no presenta ningún problema de desnutrición. Según el Instituto Nacional de Nutrición, hay 337 municipios calificados con desnutrición severa. De los 100 municipios más desnutridos de la República, 45 se encuentran en Oaxaca, y son mayoritariamente indígenas.

La situación de pobreza generalizada, aunada a la falta de empleo, la baja productividad y de créditos al campo, se traduce en fuertes flujos migratorios, especialmente a los Estados Unidos y otras entidades de la República. Los migrantes en Estados Unidos generan importantes recursos que sostienen regiones enteras en el estado, como la Mixteca. Según el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en el primer semestre de 2010 generaron ingresos por 598.6 millones de dólares. Las remesas son una de las principales fuentes de ingresos del estado, la crisis económica y la falta de empleo en Estados Unidos están provocando su caída y esto afecta directamente la economía familiar y comunitaria de zonas completamente dependientes de los recursos externos.

Otro factor de conflicto que no podemos dejar de mencionar es la existencia de conflictos agrarios en la entidad, más de 50 de ellos de gran peligrosidad: entre San Francisco del Mar e Ixhuatán; Santiago Amoltepec y Zaniza, Textitlán, Yucutindóo y Zenzontepec; San Miguel Quetzaltepec y San Lucas Camotlán, San Isidro y San Miguel Aloapam, entre otros. En la actualidad se calculaba la existencia de más de 350 conflictos agrarios en Oaxaca.

 

Los Derechos de las Mujeres en Oaxaca

 

La desigualdad social que priva en Oaxaca y en especial en sus municipios indígenas afecta doblemente a las mujeres, como lo demuestran los bajos niveles de bienestar básicos.

La violencia de género es uno de los problemas estructurales más graves y sus consecuencias son muy negativas: en los últimos diez años se han asesinado a más de 600 mujeres, se han denunciado más de 3,000 delitos de violencia intrafamiliar, se ha conocido de cientos de niñas y jóvenes violadas y abusadas sexualmente por sus parientes o por desconocidos. El dolor y la injusticia que estos hechos provocan no solo afecta a las personas que la sufren directamente, sino también a sus familiares, vecinos/as y a la totalidad de la población. Estamos ante una problemática global y que afecta todos los ámbitos del desarrollo social y económico de la sociedad.

Hay suficientes evidencias para reconocer que la violencia de género no es la problemática de un sector de la población, de grupos vulnerables, mujeres pobres, indígenas, monolingües, o restringida sólo al ámbito privado familiar. La violencia recorre todos los ámbitos de la sociedad afectando a mujeres y niñas de diferentes estratos económicos, educativos, étnicos y de edad en distintos ámbitos: familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional.

En Oaxaca, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones sigue siendo deficiente y marginal debido a un contexto político y social que propicia y sostiene las inequidades, sumado a factores culturales que limitan la participación de las mujeres. Si bien tienen garantizado el derecho al voto, los mecanismos de los partidos políticos para acceder a los puestos de elección popular son excluyentes. Las leyes establecidas no garantizan la paridad en la representación en los cargos y el código de Instituciones políticas y procedimientos electorales no establece mecanismos claros para la participación igualitaria de hombres y mujeres en las elecciones municipales.

Ante este panorama de violación a los derechos humanos de las mujeres oaxaqueñas y frente al nuevo gobierno, diversas organizaciones integradas al Colectivo Huaxyacac elaboraron una agenda titulada “Agenda de las Mujeres 2010, para construir democracia con equidad en Oaxaca” dentro de la cual aparecen diagnósticos y propuestas de solución a las problemáticas que enfrentan las mujeres oaxaqueñas.

 

Pueblos Indígenas

 

Oaxaca concentra la mayor parte de la población indígena del país, con 16 grupos étnicos que representan el 30% de los 56 grupos reconocidos en México. Siendo el estado con mayor número de municipios en el país (570 de 2,439) su mayoría son municipios indígenas que eligen a sus autoridades por sistemas tradicionales de “usos y costumbres” cuyas principales bases son las Asambleas Generales de Ciudadanos y el sistema de cargos.

Los pueblos indígenas en Oaxaca han sido sometidos históricamente por políticas de exclusión en el ámbito estatal y nacional, así como al saqueo sistemático de sus recursos naturales y su cultura, situación que se ha recrudecido en los últimos años con más violencia. Por señalar algunos ejemplos, la agresión de fuerzas militares contra indígenas chontales de la Sierra Sur del estado en agosto de 2008, la escalada del conflicto en la región triqui en 2009 y 2010, los conflictos agrarios entre Mixtepec y Yosoñama, así como Chalcatongo e Ixcatlán.

 

Son muchos los casos en los que la ejecución de megaproyectos ha significado el despojo de territorios de pueblos indígenas en Oaxaca, el saqueo de recursos naturales, muy graves daños en el medio ambiente, el desplazamiento de pueblos enteros, el divisionismo y la violencia. Esto sucede en la costa de Oaxaca con la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina. En la región del Istmo de Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y operadores de empresas españolas recorren las comunidades, ofreciendo dinero a cambio del apartado de tierras ejidales. Hay estimaciones de que hasta ahora han sido ya comprometidas más de 10,000 hectáreas de propiedad colectiva para la construcción de parques eólicos.

 

En el Informe del Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, publicado en el año de 2003, se emitieron algunas recomendaciones al gobierno mexicano que siguen teniendo vigencia, entre otras se establece: a) Cuando lo demanden las comunidades indígenas, el ejército deberá ser replegado a las inmediaciones de estos territorios y sus tareas deberán ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales, b) El sistema nacional ombudsman deberá fortalecer sus áreas de atención a los derechos humanos indígenas, c) Las comunidades indígenas deberán tener acceso prioritario a los recursos naturales con fines de consumo directo por encima de los intereses económicos o comerciales que puedan existir, d) La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de conflictos agrarios.

 

A la fecha se sigue esperando una respuesta del gobierno a estas demandas y recomendaciones.

 

Alternancia y Transición Política

 

El 4 de julio de 2010 se consumó el triunfo de una coalición de partidos encabezada por Gabino Cué y se abrió paso a un proceso de alternancia política en el Gobierno de Oaxaca.

Los resultados del 4 de julio de 2010 y el triunfo de la coalición opositora fue posible gracias a una inusual participación electoral (55.9 %). ¿Cuáles fueron aquellos factores que movilizaron a la ciudadanía para acudir a las urnas, superar el voto “clientelar” del Partido Revolucionario Institucional PRI y dar el triunfo a una opción opositora en Oaxaca?: a) Los reclamos ciudadanos aún vigentes del fraude electoral cometido por Ulises Ruíz Ortiz en las elecciones de 2004, mismos que le dieron el triunfo sobre el mismo Gabino Cué, b) El conflicto sociopolítico de 2006 y las demandas de justicia, c) La creciente violencia e inestabilidad social en el estado, d) Los excesos y abuso de poder cometido por el actual gobierno y la desconfianza de las actuales instituciones.

El accionar político de los movimientos sociales fue fundamental para el triunfo opositor en el estado, si se observa este momento como el culmen de procesos de lucha y movilizaciones sociales de casi cuarenta años en Oaxaca, podemos afirmar que estos movimientos en sus diversas vertientes (indígena, magisterial, popular, estudiantil, feminista, civil, partidista) lograron desplazar el viejo régimen político autoritario por cauces electorales.

Una de las primeras preguntas que nos hacemos es la siguiente ¿iniciamos un proceso real y de fondo de transformación del régimen político en Oaxaca o estamos solamente ante una oportunidad de lograr cambios superficiales en materia política? El cambio democrático en Oaxaca no se observa fácil, juegan en contra las inercias del sistema político, especialmente dentro de los partidos. Los partidos políticos no son opción para el cambio, ante el fuerte condicionamiento que ejercen contra las comunidades y sus autoridades, sobre todo en tiempos electorales, sin embargo son la única vía institucional para acceder al poder.

El investigador Eduardo Bautista apunta que en Oaxaca no vivimos “siguiera en una partidocracia, porque no hay un sistema de partidos competitivos ni reglas claras en los  procesos electorales puesto que en nuestra entidad se sigue viviendo bajo el régimen que fue descabezado a nivel nacional en el año 2000, y que con la alternancia en la presidencia de la República en Oaxaca el régimen autoritario se atrincheró.” Al mismo tiempo, la clase política está formada por élites locales en una pugna constante por el poder, las cuáles no han estado dispuestas a compartirlo con los actores emergentes. En este sentido, investigadores como Jorge Hernández, sostienen que Oaxaca vive una lucha de elites más que de partidos.

 

Hacia la Construcción de Una Agenda Ciudadana

 

Así entonces, los desafíos del nuevo gobierno son enormes, tomando en cuenta sus compromisos de campaña y las presiones del cacicazgo priista que tendrá que enfrentar dada su derrota electoral inesperada y sus intereses políticos y económicos a conservar. Señalamos únicamente los desafíos que consideramos de mayor prioridad:

Garantizar la inclusión de la sociedad civil organizada en el diseño de los programas y políticas de gobierno. Atención con voluntad de solución para los 350 conflictos agrarios identificados, 50 de mayor conflictividad, incluyendo el grave conflicto en la región Triqui. Disminución de la pobreza y desigualdad en comunidades rurales e indígenas con programas de desarrollo local y comunitario con la participación de la población. Asignación de presupuestos públicos de acuerdo a las necesidades más urgentes identificadas por la población, particularmente en educación y salud de mujeres e indígenas.

 

Garantizar el respeto a los derechos humanos y justicia para las víctimas de los crímenes y delitos del pasado reciente. También hemos identificado algunos desafíos para las organizaciones civiles en esta coyuntura política:

Construir espacios de reflexión, análisis y acuerdos para profundizar sobre el papel de la sociedad civil ante el nuevo gobierno Promover el diseño y desarrollo de proyectos locales con visión democrática y equidad de género. Evitar el desdibujamiento identitario de las organizaciones civiles y defender la autonomía frente al gobierno aún en la concertación.