· Solicitan reunión con el próximo Presidente de la República

· Señalan NO querer amnistía ni indulto.

· Exigen a EPN y Alejandro Murat sacar las manos de los procesos judiciales fabricados por regímenes PRIÍSTAS

Familiares de las y los defensores criminalizados y detenidos arbitrariamente, organizaciones civiles, indígenas y sociales piden a Andrés Manuel López Obrador atender uno de los temas centrales que plantea la agenda del movimiento social en nuestro país, la libertad inmediata e incondicional de los activistas y defensores de derechos humanos que producto de su labor están siendo criminalizados como parte de la historia represiva y autoritaria de nuestro país.

La libertad de defensores víctimas de prisión injusta y motivada por su labor, se vuelve una de las demandas centrales de este movimiento, prácticamente todos ellos cuentan con Opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, recomendaciones de la CNDH y distintos pronunciamientos de respaldo a los casos por parte organismos internacionales protectores de derechos humanos, sin que hasta el momento hayan sido liberados, dado que el régimen priista ha echado todo el aparato de Estado en su contra.

La deuda histórica que deja el dicho régimen a Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia, la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país, la política represiva implementada por este gobierno hacia los pueblos organizados en defensa de sus derechos dejó como daños irreparables la muerte, desaparición forzada y detención arbitraria de decenas de compañeros y compañeras que ejercían la digna labor de defensa de los distintos derechos de nuestros pueblos; quienes se oponían a la implementación de las mal llamadas reformas estructurales, quienes defendían territorio, quienes se oponían al ecocidio, a la entrega desmesurada de nuestros recursos naturales al capital extranjero, hoy se encuentran privados de su libertad desde hace ya 5, 6, 9 y hasta 11 años, mismo tiempo que llevan padeciendo procesos jurídicos viciados, aletargados para prolongar con ello un “castigo de Estado”, con actuaciones fuera de toda legalidad por parte de la PGR, Jueces Federales, Fiscalía del Estado de Oaxaca y Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Todos los expedientes judiciales integrados contra los diferentes compañeros y compañeras comparten entre sí un patrón de conducta de Estado que utiliza el sistema de justicia mexicano para criminalizar la labor de quienes valientemente defienden derechos humanos en nuestro país; expedientes armados para criminalizar, integrados con severos vicios y violatorios del debido proceso, pese a ello los jueces continúan aplicando la mano dura del Estado retardando los cierres de los mismos o sentenciando condenatoriamente.

La Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca exige justicia para 33 personas defensoras de DH criminalizadas en Oaxaca: Damián Gallardo Martínez (Opinión ONU nº 23/2014), Librado Baños Rodríguez (Opinión ONU nº19/2015), Enrique Guerrero Aviña (Opinión ONU nº55/2015), Pablo López Alaves (Opinión ONU nº 23/2017), Norma Cleyver Cruz Vázquez, Wiliam García Méndez, Nicaso Zaragoza Quintana, Felipe Rojas Ordunio, Teofilo García López, Antonio Zárate Bernal, Joaquín Zárate Bernal; y Luis Enrique López López, Jesús Eduardo Sánchez Silva, José De Jesús Martínez Castellanos, Diblallín Islas Rosas, Jaime García Matías, Luis Matías Hernández, Erick Omar Rodríguez Santiago, Bailón Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytan, Celso Castillo Martínez, Germán Guadalupe Mendoza Cruz, Santiago García Espinoza, José Alberto Andrés López, Usiel Matías Hernández, Erick González Guillen, Eleuterio Hernández Bautista, Javier Aluz Mancera, José Enrique Ordaz Velasco, Humberto Castellanos López, Feliciano García Matías, Eduardo Palma Santiago y Jorge Chonteco Jiménez (integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo Opinión ONU nº17/2016).

Rechaza tajantemente la posibilidad de una amnistía o un indulto para alcanzar la libertad, contrario a ello piden una revisión exhaustiva a la luz de la serie de actuaciones viciadas y corruptas por parte del sistema de procuración de justicia, lo cual se traduciría en retirar la línea política de Estado que está sobre sus expedientes y actuar conforme a derecho para lograr su libertad, toda vez que en la mayoría de los casos las imputaciones ya quedaron totalmente desvanecidas, inclusive nunca tuvieron un verdadero sustento legal.

La Coordinación denuncia la desaparición forzada y el exilio político como graves consecuencias de la legitima labor defensa de los DH: exige presentación con vida del defensor de DH Ernesto Sernas García, abogado defensor de defensores criminalizados de Sol Rojo quien se encuentra desaparecido desde el 10 de mayo 2018; asimismo exige garantías para el regreso de los defensores indígenas Raúl Gatica Bautista y Juan Sosa Maldonado, quienes se encuentran en situación de exilio político desde 2005 y 2014 respectivamente, luego de sufrir graves atentados contra su vida.

Pide la liberación inmediata, cancelación de los procesos arbitrarios y reparación del daño causado a los mismos tal como lo señalan las diversas Opiniones de Naciones Unidas emitidas en cada uno de los casos, ya que en la mayoría las personas defensoras detenidas tienen graves afectaciones y daños irreversibles a su salud producto de la detención arbitraria y la tortura al momento de su detención, así como al interior de los centros penitenciarios en los que han sido recluidos.

Finalmente familiares y organizaciones que integran la Coordinación solicitan una reunión a Andrés Manuel López Obrador para abordar estos asuntos y urgen al presidente electo y su equipo de transición a que se coloque como agenda de prioridad inmediata la puntual atención a la situación de las y los defensores de derechos humanos del Estado de Oaxaca que se encuentran en situación de cárcel y librando procesos jurídicos viciados producto de una línea de Estado que hasta ahora criminaliza a los que ejercen su legitimo derecho a defender derechos humanos en México, ya que sin duda será una práctica que se podrá replicar en otros casos de diversos defensores criminalizados por su labor a lo largo del país.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1 de agosto 2018

Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca

Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez
Comité Enrique Guerrero Aviña
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Frente de Egresados de Normales Rurales Enruva
Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC)
Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL)
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)