El día de hoy se llevó a cabo en Oaxaca el “Foro de escucha para la pacificación del país y la reconciliación nacional” convocado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de escuchar a la sociedad, las personas victimas y expertos para transformar el contexto de crisis de seguridad y construir condiciones de paz y reconciliación en el país.
En este contexto, las organizaciones que suscribimos destacamos que para trazar una ruta encaminada a una pacificación real, una condición sine qua non es el cese a la criminalización, la libertad inmediata y la reparación del daño para todas las personas defensoras criminalizadas en el estado de Oaxaca.
Efectivamente, el papel de las personas defensoras es fundamental para la construcción de un estado democrático y de derecho sobre todo frente al contexto de profunda crisis de derechos humanos que enfrenta Oaxaca.
Esta crisis se traduce en incremento de graves violaciones a DH como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; Oaxaca permanece también entre los tres primeros estados con cifras más altas de agresiones contra personas defensoras de DH y en primer lugar en el caso de mujeres defensoras. Esta situación tiene dramáticas consecuencias como el exilio forzado, por ejemplo en el caso del defensor indígena Juan Sosa Maldonado exilado político desde el 2013 por falta de garantías para su seguridad.
La violencia feminicida aumenta también de manera exponencial en Oaxaca con cifras alarmantes: la sociedad civil documentamos 222 feminicidios y 356 mujeres desaparecidas en poco menos de dos años del actual sexenio.
Las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas son otra problemática emblemática en Oaxaca; la imposición de megaproyectos hidroeléctricos, eólicos y mineros han significado el despojo de las tierras y los recursos naturales de las comunidades indígenas.
Se incrementan asimismo las desapariciones forzadas con motivo político; el último caso registrado es el del abogado catedrático y defensor de DH Ernesto Sernas García, desaparecido desde el 10 de mayo sin que hasta la fecha exista avance alguno en las investigaciones; este caso es el quinto caso de desaparición forzada política documentado en el sexenio de Alejandro Murat.
La represión de los movimientos en el ejercicio del derecho a la libre manifestación es también una de las prácticas sistemáticas para acallar voces disidentes en Oaxaca, como lo ilustran los casos emblemáticos de la APPO en 2006 y de Nochixtlán diez años más tarde, en el 2016.
La impunidad imperante que se traduce en la falta total de castigo a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos manda un mensaje de no sanción y aceptación social de las graves violaciones a DH. Generar cambios estructurales para acabar contra la impunidad es uno de los retos más importantes en el estado de Oaxaca.
Para hacer frente a esta profunda crisis y transformar la realidad del estado de Oaxaca, reiteramos que el papel de denuncia, exigencia y defensa que juegan las personas defensoras es crucial; papel que está gravemente comprometido por el uso sistemático del sistema judicial para criminalizar a estas voces disidentes, obligando a los movimientos a centrarse en procesos de defensa, demandas de libertad y cese a las represalias judiciales; dejando así de lado su fundamental labor y de defensa de derechos humanos.
Tal es el caso de 31 personas defensoras de DH criminalizadas en Oaxaca, que acompañamos y representamos. La mayoría de ellas cuentan con opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU: Damián Gallardo Martínez (Opinión ONU nº 23/2014), Librado Baños Rodríguez (Opinión ONU nº19/2015), Enrique Guerrero Aviña (Opinión ONU nº55/2015), Norma Cleyver Cruz Vázquez, Nicasio Zaragoza Quintana, Felipe Rojas Ordunio, Teófilo García López, Antonio Zárate Bernal, Joaquín Zárate Bernal; y Luis Enrique López López, Jesús Eduardo Sánchez Silva, José De Jesús Martínez Castellanos, Diblallín Islas Rosas, Jaime García Matías, Luis Matías Hernández, Erick Omar Rodríguez Santiago, Bailón Rojas Gómez, Eugenio Hernández Gaytan, Celso Castillo Martínez, Germán Guadalupe Mendoza Cruz, Santiago García Espinoza, José Alberto Andrés López, Usiel Matías Hernández, Erick González Guillen, Eleuterio Hernández Bautista, Javier Aluz Mancera, José Enrique Ordaz Velasco, Humberto Castellanos López, Feliciano García Matías, Eduardo Palma Santiago y Jorge Chonteco Jiménez, 22 integrantes de la Corriente del Pueblo Sol Rojo Opinión ONU nº17/2016.
De allí que reiteramos que frente a la grave crisis que vive Oaxaca, la libertad de las personas defensoras criminalizadas debe ser una prioridad para caminar hacia la construcción de condiciones de paz. Como una señal clara contra la impunidad, dicha libertad debe resolverse conforme a derecho y las resoluciones internacionales de la ONU sobre los casos para no dejar lugar a dudas sobre la inocencia.
Exigimos la liberación inmediata, cancelación de los procesos arbitrarios y reparación del daño para las 31 personas defensoras criminalizadas que acompañamos y representamos en Oaxaca.
Exigimos la presentación con vida de Ernesto Sernas García así como garantías para el regreso al país del defensor de DH exiliado Juan Sosa Maldonado.
Reiteramos nuestra solicitud de una reunión urgente a Andrés Manuel López Obrador para abordar estos asuntos.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 6 de octubre 2018
Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Colectivo Liquidámbar
Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez
Comité Enrique Guerrero Aviña
Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso (Enruva)
Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC)
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)