México es examinado por la ONU sobre la situación de la tortura
Consorcio Oaxaca elaboró informe sobre Oaxaca en particular para personas contra defensoras de derechos humanos

Los próximos 25 y 26 de abril 2019, el Estado Mexicano será examinado por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) reunido en Ginebra para celebrar su 66ª periodo de sesiones.

El CAT está integrado por 10 expertos internacionales y es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención contra la Tortura por sus Estados Partes, como es el caso de México. Para preparar el examen de México, el Comité analizó distintos informes y contribuciones presentados con antelación incluyendo los del Estado Mexicano y de la sociedad civil; mismos que servirán de base para evaluar el cumplimiento, avances y principales prioridades en la materia.

En este contexto 123 organizaciones de la sociedad civil presentaron el “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura 2012-2019” donde compartieron con el Comité el panorama general de la tortura en México así como recomendaciones especificas para luchar contra esta practica generalizada. Consorcio Oaxaca participó en la elaboración de dicho informe y puso sobre la mesa algunas de las preocupaciones más importantes para el Estado de Oaxaca en particular frente al contexto de agudización de la criminalización de la protesta social.

El día de ayer Consorcio Oaxaca participó en una sesión de trabajo presencial en Ginebra con los expertos del Comité CAT en la que puntualizó estas preocupaciones y emitió algunas recomendaciones especificas para ser tomadas en cuenta por el Comité al momento de examinar a México.

Consorcio Oaxaca expuso en este sentido que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto pasado la criminalización a personas defensoras se ha visto favorecida por el clima de difamación y campañas de denostaciones en medios, particularmente en el caso de mujeres defensoras en Oaxaca, al constituir para esta población el 23% del total de ataques registrados.

Destacó que este clima fue uno de los factores que generó permisibilidad para una ola de detenciones arbitrarias contra integrantes del magisterio y movimiento social oaxaqueño convirtiéndose en un patrón de actuación. En base a datos oficiales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en conjunto con el registro de Consorcio Oaxaca,, fueron documentadas al menos 141 detenciones arbitrarias de personas defensoras; derivando todas en prisión preventiva desde 1 día hasta 5 años 7 meses.

La gravedad de esta situación ha sido reconocida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU mismo que emitió durante el sexenio pasado 8 opiniones sobre detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos de México, 6 de ellas sobre casos de personas defensoras de Oaxaca. El Grupo de Trabajo reconoce un patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras en su mayoría indígenas, y en especifico en el estado de Oaxaca. Destaca que las detenciones buscan mermar la labor de defensa y que de manera sistemática derivan en incomunicación, tortura y graves violaciones al debido proceso. En todos los casos formula recomendaciones al Estado Mexicano mismas que incluyen la liberación, la atención médica y psicológica así como la reparación del daño.

Además de la criminalización y detenciones arbitrarias, se ha documentado la agudización de todos los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en general en Oaxaca.
En este sentido han sido documentados al menos 6 asesinatos de personas defensoras en el 2017, 9 en el 2018 y 4 en lo que va del 2019. 5 de los asesinatos registrados en el 2018 fueron perpetrados contra integrantes de la organización indígena Comité de Defensa de Derechos Indígenas (CODEDI). Otros ataques particularmente graves documentados durante el 2018 fueron la desaparición forzada del defensor de derechos humanos y abogado de la organización Sol Rojo Ernesto Sernas García, otras 3 desapariciones por motivos políticos, 2 ataques armados a organizaciones, 9 detenciones arbitrarias, 7 casos de allanamiento a domicilio y 1 caso de tortura contra el hijo de defensores de derechos humanos.

Uno de los factores que permite esta dramática situación es la impunidad lacerante. Efectivamente y en base a cifras oficiales la impunidad es prácticamente total: la Fiscalía General del Estado dijo investigar 46 agravios a defensoras y defensores de derechos humanos cometidos entre 2015 y 2017; de estos sólo tres fueron judicializados y solamente en un caso existe una orden de aprehensión, de la que no se informa si fue o no ejecutada.

Lo mismo ocurre con la tortura, hasta la fecha no existe ni una sola sentencia por esta grave violación en el estado.

De allí que Consorcio Oaxaca solicitó al Comité CAT que al momento de examinar a México le emitiera las siguientes recomendaciones:

• Cumplir a cabalidad con las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias
• Garantizar que todas las Fiscalías Especializadas, incluida la de Oaxaca, cuenten con personal capacitado y suficiente para garantizar el aumento de judicialización y sentencias condenatorias
• Reconocer la labor de las personas defensoras de derechos humanos evitando cualquier deslegitimación