En el marco del cumplimiento de 9 años de detención arbitraria de Pablo López Alávez y debido al carácter emblemático de este caso, Cristina Valdivia, encargada del área de México y DH de la Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia, con sede en Múnich Alemania, realizó una visita al defensor de derechos humanos en el Centro de Readaptación Social, Nº2 (CERESO) de Etla.

La Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1983 y es parte del movimiento de solidaridad internacional. Su objetivo fundamental es el intercambio con movimientos y organizaciones sociales en Centroamérica y México, el apoyo a sus luchas y la vinculación de las mismas con las luchas sociales y políticas en Alemania. Se ha sumado a la campaña internacional #LibertadParaPablo

El defensor indígena zapoteco fue detenido arbitraria y violentamente el 15 de agosto del 2010, cerca del Río Virgen en su comunidad San Isidro Aloapam, Oaxaca. Desde entonces se encuentra arbitrariamente privado de su libertad con acusaciones fabricadas de homicidio.

Como representante de su comunidad, Pablo López denunció la tala ilegal de árboles y exigió la conservación del bosque. Su detención ejemplifica la criminalización como consecuencia de la legítima labor de defensa de la tierra y el territorio.

En junio del 2017 su caso fue retomado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, mismo que emitió la opinión 23/2017, calificando la detención como arbitraria y pidiendo su inmediata liberación y reparación del daño.

Es importante mencionar que han sido 6 las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre casos de personas defensoras criminalizadas en Oaxaca, la mayoría indígenas y todas con un patrón similar de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos, como el caso de Damián Gallardo, que también fue acompañado por la Oficina Ecuménica desde 2016 hasta su libertad.

Lamentablemente, en noviembre del 2018 , se confirmó la sentencia a 30 años de prisión. Cabe destacar que el caso está plagado de irregularidades reconocidas por las Naciones Unidas y otras instancias de derechos humanos. Hasta la fecha se continúa con la exigencia de justicia.

A 9 años de la detención arbitraria del defensor, organizaciones internacionales, nacionales y locales, siguen exigiendo a las autoridades mexicanas ¡Libertad para Pablo!