Daniela y Virginia, tres años de silencio institucional. Sin investigación: la autoridad otorga pasaportes de impunidad
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El derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4º constitucional y en los distintos tratados internacionales firmados por México. No obstante, esta garantía no se ve reflejada en una legislación que asegure el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
El aborto que se practica en condiciones inseguras y clandestinas representa un importante problema de salud pública en México por las graves complicaciones que afectan la salud de las mujeres. En nuestro país, la mayoría de las mujeres que se enferman o mueren por interrumpir un embarazo no deseado vive en condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales, lo que convierte también al aborto en un grave problema de justicia social.
Exigimos que se legisle para despenalizar el aborto en todo el país y establecer así un marco normativo congruente con las disposiciones del artículo 4º constitucional. Es imperativo crear las condiciones legales que hagan posible el acceso a la salud y a la justicia para todas aquellas mujeres que por distintas circunstancias deciden interrumpir un embarazo no deseado.
La sociedad demanda que se asuma una posición racional, realista y objetiva sobre el problema del aborto legislándose en función de una política de Estado. Estamos ante una oportunidad histórica para reivindicar los derechos esenciales de millones de mujeres mexicanas. Para la ciudadanía, hacer efectivo el ejercicio de este derecho, significa un logro para alcanzar la calidad de la democracia que queremos.
¡Gracias!
Compañeras y compañeros les compartimos el pronunciamiento realizado por las mujeres que se dieron cita a la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos realizada en Oaxaca los días 23, 24 y 25 de abril.
Organizaciones feministas y de mujeres expresamos nuestro repudio por la Ejecución Extrajudicial de la defensora de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano. La compañera mexicana Beatriz trabajó por más de quince años en la capacitación y acompañamiento comunitario de los pueblos indígenas de la región mixteca de Oaxaca, México. Brindó asesoría y solidaridad constante a las mujeres de la zona, para la promoción de sus derechos e impulsó la creación de redes de economía solidaria en varias comunidades.
Este terrible hecho ocurrido el pasado 27 de abril de 2010, fue producto del ataque armado a la Caravana de Observación Internacional de Derechos Humanos y Misión Civil, que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, Oaxaca; territorio del pueblo indígena Triqui. La Caravana civil incluía a defensoras y defensores de derechos humanos, observadores y observadoras civiles internacionales y periodistas. En este ataque también falleció Jyri Jaakkola de origen finlandés, y personas resultaron heridas.
El pueblo Triqui ha sido reconocido por luchar a favor del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, sin embargo, ha sido también el escenario de un conflicto histórico que afecta de manera particular a las mujeres. A la cotidiana violencia doméstica y la exclusión de las mujeres triquis de la toma de decisiones, se suman decenas de casos de violación, asesinatos, amenazas, lesiones, secuestros y migración forzada. La mayoría de estos casos han quedado en la impunidad.
Por lo anterior hacemos un llamado:
