El Imparcial, Jueves 8 de Agosto del 2013

Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y legisladores demandaron ayer al Gobierno del estado frenar la ola feminicida en Oaxaca, al alcanzar la cifra de 220 casos en lo que va de la actual administración.

 

Ana María Hernández Cárdenas, coordinadora de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, detalló que 42 casos han ocurrido en lo que va del presente año. “La cifra es alarmante y coloca al estado de Oaxaca en los primeros lugares a nivel nacional y a la mujer en un estado de vulnerabilidad e indefensión”, afirmó.

 

La defensora de los derechos humanos alertó que tan sólo de diciembre de 2010 a la fecha se ha reportado la desaparición de 18 mujeres de entre 15 y 30 años de edad.

 

Ante esta situación, urgió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a redoblar esfuerzos para frenar, erradicar y castigar el flagelo.

 

En tanto las bancadas del PT, PRI, PRD y PAN en la LXI Legislatura del Estado coincidieron en solicitar la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla; del procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Manuel de Jesús López López, y el defensor de los Derechos Humanos, Arturo Peimbert.

 

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Flavio Sosa, urgió una reunión de trabajo con los titulares de la SSP y PGJE, así como formular un punto de acuerdo con carácter de urgente con la finalidad de evaluar las acciones de las instancias del Ejecutivo encargadas de actuar contra la violencia hacia las mujeres.

 

Advirtió que los representantes populares tienen la obligación de pedir información acerca de las acciones que el poder Ejecutivo realiza, a través de las instancias encargadas de la seguridad pública, la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos, para hacer frente al actual contexto de gravísima inseguridad.

 

Por su parte, Francisco García López, coordinador de los diputados del PRI, lamentó la insensibilidad de las autoridades para atender este flagelo que ha lastimado a la sociedad porque los asesinatos no se detienen, no existe castigo para los responsables y la impunidad florece.